Abogado Penalista para Empresas y Directivos en Bogotá: Defensa Penal Corporativa

🏢 Defensa de empresas y directivos ⚖️ Delitos económicos y financieros 🎓 Universidad Externado de Colombia 📍 Atención en toda Colombia

Si su empresa o uno de sus directivos enfrenta una investigación penal por delitos económicos, el momento de actuar es ahora. Una respuesta tardía puede comprometer la libertad, el patrimonio y la continuidad operativa de toda la organización. En Estudio Penal Abogados intervenimos desde la indagación preliminar, antes de que exista imputación, hasta la casación ante la Corte Suprema de Justicia, y coordinamos la defensa de la persona jurídica con la de cada directivo expuesto.

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¿A quién protege Estudio Penal?

Nuestra práctica en derecho penal corporativo atiende dos perfiles con riesgos distintos: la empresa como organización y las personas que la dirigen.

Empresas y representantes legales

Defensa o representación de víctimas ante investigaciones por lavado de activos (art. 323 C.P.), contrabando, fraude procesal, administración desleal (art. 250B C.P.), abuso de confianza (art. 249 C.P.) y contrato sin cumplimiento de requisitos legales (art. 410 C.P.), entre otros. Estrategia coordinada que protege a la persona jurídica y a los directivos individualmente, desde la indagación preliminar hasta el juicio oral.

Directivos, gerentes y socios

Los altos ejecutivos pueden ser imputados personalmente por decisiones corporativas. Defendemos a gerentes generales, socios y miembros de junta directiva en procesos relacionados con la actividad de la compañía, y ofrecemos asesoría preventiva —compliance penal— para blindar la toma de decisiones antes de que surja el riesgo.

¿Es usted servidor público?

Los delitos contra la administración pública, como peculado, cohecho, concusión o celebración indebida de contratos, tienen su propia página: abogado penalista para servidores públicos.


Delitos por los que defendemos a empresas y directivos

Cada tipo penal exige elementos distintos, y la calificación jurídica define la pena, los beneficios y la estrategia. Estos son los principales, con lo que castiga cada norma del Código Penal (Ley 599 de 2000):

Lavado de activos (art. 323)

Castiga a quien adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes con origen mediato o inmediato en las actividades que enumera la norma, entre ellas el contrabando, los delitos contra el sistema financiero y los delitos contra la administración pública, o les dé apariencia de legalidad. Es punible aunque la actividad de origen se haya realizado en el extranjero (art. 323 de la Ley 599 de 2000, modificado por el art. 11 de la Ley 1762 de 2015). Lavado de activos en Colombia.

Administración desleal (art. 250B)

Lo comete el administrador de hecho o de derecho, socio, directivo, empleado o asesor que, en beneficio propio o de un tercero y con abuso de las funciones de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a su cargo, causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios (art. 250B de la Ley 599 de 2000, adicionado por el art. 17 de la Ley 1474 de 2011). Administración desleal en Colombia.

Corrupción privada (art. 250A)

Castiga a quien prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que lo favorezcan a él o a un tercero, en perjuicio de la entidad, y a quien la reciba, solicite o acepte. La pena aumenta si se produce un perjuicio económico a la entidad (art. 250A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el art. 16 de la Ley 1474 de 2011).

Abuso de confianza (art. 249)

Castiga a quien se apropie, en provecho suyo o de un tercero, de una cosa mueble ajena que se le haya confiado o entregado por un título no traslativo de dominio. Si no hay apropiación sino uso indebido con perjuicio de tercero, la pena se reduce a la mitad (art. 249 de la Ley 599 de 2000). Abuso de confianza en Colombia.

Estafa y captación masiva de dineros (arts. 246 y 316)

La estafa castiga a quien obtenga provecho ilícito con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños (art. 246). La captación masiva y habitual castiga a quien capte dinero del público en esa forma sin autorización previa de la autoridad competente (art. 316, modificado por el art. 1 de la Ley 1357 de 2009). Incumplimiento de contrato o estafa y captación masiva de dinero.

Contrabando (art. 319)

Castiga a quien introduzca o extraiga mercancías en cuantía superior a cincuenta salarios mínimos por lugares no habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga de la intervención y el control aduanero (art. 319 de la Ley 599 de 2000, modificado por el art. 4 de la Ley 1762 de 2015). Contrabando en Colombia y favorecimiento del contrabando.

Fraude procesal (art. 453)

Castiga a quien, por cualquier medio fraudulento, induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley (art. 453 de la Ley 599 de 2000, modificado por el art. 11 de la Ley 890 de 2004). Fraude procesal en Colombia.

Omisión del agente retenedor o recaudador (art. 402)

Castiga al agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas por retención en la fuente dentro de los dos meses siguientes a la fecha fijada para declarar y pagar, y al responsable del IVA o del impuesto al consumo que no consigne lo recaudado en ese plazo (art. 402 de la Ley 599 de 2000, modificado por el art. 339 de la Ley 1819 de 2016). Omisión del agente retenedor.

Alzamiento de bienes (art. 253)

Castiga a quien se alce con sus bienes, los oculte o cometa cualquier otro fraude para perjudicar a su acreedor (art. 253 de la Ley 599 de 2000). Alzamiento de bienes.

Soborno transnacional (art. 433 y Ley 1778 de 2016)

La persona natural responde penalmente si da, promete u ofrece a un servidor público extranjero dinero u otro beneficio a cambio de que realice, omita o retarde un acto de sus funciones en relación con un negocio o transacción internacional (art. 433 de la Ley 599 de 2000, modificado por el art. 30 de la Ley 1778 de 2016). La persona jurídica responde administrativamente ante la Superintendencia de Sociedades (art. 2 de la Ley 1778 de 2016). Soborno transnacional: sanciones a empresas.


Nuestros servicios en derecho penal corporativo

  • Defensa por delitos económicos y financieros: lavado de activos, contrabando, fraude procesal y estafa empresarial. Análisis de la teoría del caso de la Fiscalía y construcción de la contrateoría desde el inicio.
  • Compliance penal corporativo: asesoría preventiva para identificar vulnerabilidades y diseño de protocolos de decisión y respuesta. Acompañamos el cumplimiento del Capítulo IX de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades (Circular Externa 100-000020 de 2026), incluido el Régimen de Medidas Mínimas.
  • Defensa de altos ejecutivos: representación individual de gerentes, socios y miembros de junta en todas las etapas, coordinando la defensa personal con la estrategia corporativa.
  • Recurso extraordinario de casación: si la condena ya fue proferida, la casación ante la Corte Suprema puede ser el último mecanismo de control. Los plazos son cortos: cinco días para interponerlo y treinta para presentar la demanda.

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Qué está decidiendo hoy la Corte Suprema en delitos de empresa

La jurisprudencia reciente de la Sala de Casación Penal marca el terreno en el que se juega una defensa corporativa. Estas dos decisiones ilustran por qué la calificación jurídica y la prueba del elemento subjetivo deciden los casos:

  • La mala administración no es delito. Un representante legal condenado por hurto agravado, falsedad y administración desleal fue absuelto del tercer cargo: «El derecho penal sanciona el fraude y el abuso, no la mala administración». CSJ SP008-2023, 25 ene. 2023, rad. 58915, M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa.
  • Sin sujeto activo calificado no hay administración desleal. Dos empleadas de una entidad financiera fueron absueltas: eran personal operativo, sin facultades de dirección. CSJ SP1776-2025, 30 jul. 2025, rad. 59982, M.P. Jorge Hernán Díaz Soto.

Recursos para entender su situación

Nuestros artículos citan la jurisprudencia de la Corte Suprema con número de providencia y radicado, para que usted —o su asesor— pueda verificarla.

¿Busca los artículos sobre delitos contra la administración pública? Están reunidos en nuestra página de defensa penal de servidores públicos.


¿Por qué Estudio Penal Abogados?

Las decisiones gerenciales están bajo un escrutinio legal sin precedentes: la Fiscalía ha fortalecido sus unidades especializadas en delitos económicos y corrupción, y los procesos contra directivos son cada vez más frecuentes y de mayor impacto mediático.

La mejor defensa combina respuesta inmediata ante la contingencia y estrategia preventiva que anticipe los riesgos. Nuestro equipo, formado en la Universidad Externado de Colombia, acumula más de 15 años de litigio de alto nivel ante la Fiscalía, los juzgados penales, los tribunales superiores y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

¿Enfrenta una situación que no encaja en este perfil? Revise todos nuestros servicios: atendemos todo tipo de casos penales, también para personas naturales. Si su empresa es la víctima, vea nuestra página de denuncias y representación de víctimas.


Preguntas frecuentes

¿Qué es la defensa penal corporativa?

Es la representación jurídica especializada de empresas, socios, gerentes y representantes legales investigados por delitos económicos o corporativos, desde la indagación preliminar hasta el juicio oral y, si es necesario, la casación ante la Corte Suprema. Su particularidad es coordinar dos frentes a la vez: la posición de la persona jurídica y la de cada directivo expuesto individualmente.

¿Cuándo necesita una empresa un abogado penalista?

Asesoría preventiva cuando opera en sectores de alto riesgo regulatorio, y defensa activa cuando la Fiscalía inicia una indagación, un directivo es citado a interrogatorio, se practica un allanamiento o se formula imputación. La intervención temprana puede determinar si el caso llega o no a juicio.

¿Cuál es la diferencia entre abuso de confianza y administración desleal?

El abuso de confianza (art. 249 C.P.) lo comete quien se apropia de una cosa mueble ajena que se le confió por un título no traslativo de dominio; puede cometerlo cualquier persona con esa tenencia y la pena va de 16 a 72 meses. La administración desleal (art. 250B C.P.) es de sujeto activo calificado —administrador de hecho o de derecho, socio, directivo, empleado o asesor— que, con abuso de sus funciones, dispone fraudulentamente de los bienes de la sociedad; la pena es de 4 a 8 años. Lea en detalle nuestros artículos sobre administración desleal y abuso de confianza.

¿Quién puede ser sujeto activo del delito de administración desleal?

El artículo 250B enumera al administrador de hecho o de derecho, al socio, al directivo, al empleado y al asesor. Cuando el investigado es un empleado o asesor, la Fiscalía debe demostrar que gobernaba realmente la sociedad: sin esa prueba la condena no se sostiene, como en CSJ SP1776-2025, rad. 59982, donde la Corte absolvió a dos empleadas por no reunir la condición de sujeto activo calificado.

¿Qué es la corrupción privada?

Es el delito del artículo 250A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1474 de 2011. Castiga a quien prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o beneficio no justificado para que lo favorezcan en perjuicio de la entidad, y también a quien la reciba, solicite o acepte. Si se produce un perjuicio económico a la entidad, la pena es de seis a diez años de prisión.

¿Una empresa puede ser sancionada por soborno transnacional?

Sí, pero no penalmente. En Colombia la persona jurídica responde administrativamente ante la Superintendencia de Sociedades cuando, por medio de sus empleados, contratistas, administradores o asociados, da, ofrece o promete a un servidor público extranjero un beneficio a cambio de un acto de sus funciones en relación con un negocio o transacción internacional (art. 2 de la Ley 1778 de 2016). La persona natural que lo hace responde penalmente por el artículo 433 de la Ley 599 de 2000.

¿Qué hacer si la Fiscalía cita a un directivo a rendir declaración?

Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Lo que se diga puede usarse después, y una versión improvisada suele fijar la teoría del caso de la Fiscalía. Antes de asistir, consulte con un abogado, revise la documentación y defina si conviene declarar o guardar silencio. Preparamos al directivo y lo acompañamos en la diligencia.

¿Qué es el compliance penal y para qué sirve?

Es un programa de prevención y gestión de riesgos jurídico-penales: identifica vulnerabilidades que podrían exponer a los directivos a responsabilidad penal y establece controles. Asesoramos el cumplimiento del Capítulo IX de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, incluido el Régimen de Medidas Mínimas.

¿Cuánto cuesta contratar un abogado penalista para una empresa?

Los honorarios varían según complejidad, etapa procesal y número de personas involucradas. En la consulta inicial evaluamos el caso y luego presentamos una propuesta clara, sin cobros no informados; el valor de la consulta se descuenta del primer pago. Cuando quien consulta es la empresa, el representante legal es contactado por un socio de manera inmediata.

¿Atienden casos de delitos económicos fuera de Bogotá?

Sí. Nuestra sede está en Bogotá, pero atendemos casos en todo el país y ante la Sala de Casación Penal. Ofrecemos consultas por videollamada y nos desplazamos cuando la gravedad del caso lo requiere.


¿Una investigación penal compromete a su empresa o a usted como directivo?

La intervención temprana puede definir si el caso llega o no a juicio. Programe una reunión confidencial con un socio.

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¿Por qué elegir Estudio Penal?

Nuestro Socio

Luis Andrés González Rivera — Abogado Penalista
Luis Andrés González Rivera Externado · Especialista en Procesal Penal · Maestría en Derecho Penal · Manejo de crisis penales