Preacuerdos con la Fiscalía en Colombia: artículos 348 a 354 del CPP, rebajas de pena y límites

La Fiscalía le ofrece cerrar su caso a cambio de aceptar responsabilidad y recibir una rebaja de pena. La propuesta suele llegar con un plazo corto y con la advertencia de que después el beneficio será menor. Pero un preacuerdo mal negociado puede significar años adicionales de prisión, la renuncia a una defensa con posibilidades reales o, incluso, una sentencia que después nadie puede corregir.

En este artículo, Estudio Penal Abogados explica qué es un preacuerdo, cuánta pena se rebaja según la etapa procesal, qué prohibiciones existen —incluidas las que cambiaron con la Ley 2477 de 2025—, qué límites ha fijado la Corte Suprema de Justicia y qué verifica el juez antes de aprobar lo pactado.

¿Qué es un preacuerdo con la Fiscalía?

Un preacuerdo es un mecanismo de justicia premial mediante el cual la Fiscalía General de la Nación y el imputado o acusado negocian los términos de la terminación anticipada del proceso penal. El procesado acepta su responsabilidad y, a cambio, obtiene una reducción de pena que no conseguiría si el caso llegara a sentencia tras un juicio oral ordinario.

Conviene distinguirlo del allanamiento a cargos. En el preacuerdo hay una negociación bilateral sobre los términos de la condena. En el allanamiento el imputado acepta unilateralmente los cargos tal como fueron formulados, sin pactar condiciones. Ambas figuras producen sentencia anticipada, pero se rigen por reglas distintas en materia de rebajas y de control judicial.

El preacuerdo tampoco es un acto de libre disposición del fiscal. El artículo 348 del Código de Procedimiento Penal le impone observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como política criminal, con una finalidad expresa: aprestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento. Esa última frase, que suele pasar inadvertida, ha sido el fundamento de varios reproches de la Corte Suprema a acuerdos desproporcionados.

Texto vigente: artículos 348 a 354 de la Ley 906 de 2004

Los preacuerdos están regulados en el Capítulo II del Título II del Libro III de la Ley 906 de 2004. Estos son los que definen el marco:

Artículo 348. Finalidades. Con el fin de humanizar la actuación procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso, la Fiscalía y el imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del proceso. El funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como política criminal, a fin de aprestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento.

Ley 906 de 2004, art. 348. Vigente, artículo condicionalmente exequible.

Artículo 349. Improcedencia de acuerdos o negociaciones. En los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre, por lo menos, el cincuenta por ciento del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente.

Ley 906 de 2004, art. 349, modificado por el art. 18 de la Ley 2098 de 2021. El inciso que esa misma ley agregó, sobre improcedencia de acuerdos en delitos sancionados con prisión perpetua revisable, fue declarado inexequible; rige únicamente el inciso transcrito.

Los artículos siguientes fijan el ámbito temporal y las modalidades. El artículo 350 permite preacuerdos desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de presentarse el escrito de acusación, y precisa qué puede ofrecer el fiscal: eliminar una causal de agravación o un cargo específico, o tipificar la conducta de una forma específica con miras a disminuir la pena.

El artículo 351 contiene las modalidades y la regla de rebaja: la aceptación de los cargos determinados en la imputación comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible. Ese mismo artículo consagra una regla que en la práctica se olvida con frecuencia: si hay un cambio favorable con relación a la pena por imponer, «esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo». No se acumulan beneficios.

El artículo 352 regula los preacuerdos posteriores a la acusación. El artículo 353 no fija rebaja alguna: se titula «aceptación total o parcial de los cargos» y dispone que el imputado o acusado puede aceptar parcialmente los cargos, caso en el cual los beneficios de punibilidad solo son extensivos a lo aceptado. Y el artículo 354 establece las reglas comunes: son inexistentes los acuerdos realizados sin la asistencia del defensor, y prevalece lo que decida el imputado en caso de discrepancia con su abogado, de lo cual debe quedar constancia.

¿Cuánta pena se rebaja y en qué momento?

El momento procesal en que se acepta la responsabilidad determina el porcentaje de rebaja. La lógica es sencilla: entre más temprano se resuelva el conflicto, menor es el desgaste para el Estado y mayor el beneficio. La Corte Suprema lo llama «un parámetro objetivo para establecer el monto de la rebaja punitiva».

1. En la formulación de imputación: hasta la mitad (art. 351)

Es la etapa más favorable. Formulada la imputación, la defensa y la Fiscalía pueden negociar y presentar el acuerdo ante el juez de conocimiento como escrito de acusación. La rebaja puede llegar hasta la mitad de la pena imponible. También es el momento de mayor poder de negociación, porque la Fiscalía todavía no ha comprometido recursos en la acusación formal.

2. Después de la acusación y hasta el interrogatorio en juicio: una tercera parte (art. 352)

Presentada la acusación, el margen se reduce. El artículo 352 dispone que, cuando los preacuerdos se realicen en ese ámbito procesal, «la pena imponible se reducirá en una tercera parte». La norma está redactada de forma imperativa, no como un techo negociable. En la audiencia preparatoria rige el mismo límite de la tercera parte, conforme al numeral 5 del artículo 356.

3. Al instalarse el juicio oral: una sexta parte (art. 367)

Si el proceso llega al juicio oral, la posibilidad de terminación anticipada no desaparece, pero el beneficio es mínimo. El artículo 367 del Código de Procedimiento Penal regula la alegación inicial: instalado el juicio, el juez concede la palabra al acusado para que manifieste si se declara inocente o culpable, y «de declararse culpable tendrá derecho a la rebaja de una sexta parte de la pena imponible respecto de los cargos aceptados».

Esa rebaja de la sexta parte no proviene del artículo 353, sino del artículo 367, y corresponde a la declaratoria de culpabilidad en la alegación inicial. La distinción no es semántica: define qué norma invoca su defensor y con qué alcance.

Captura en flagrancia: lo que cambió con la Ley 2477 de 2025

Durante más de una década, quien había sido capturado en flagrancia solo accedía a una cuarta parte del beneficio correspondiente a cada etapa. Esa limitación estaba en el parágrafo del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, incorporado por la Ley 1453 de 2011, e implicaba rebajas efectivas del 12,5 %, el 8,33 % o el 4,16 % según el momento procesal.

Ese parágrafo fue derogado por el artículo 13 de la Ley 2477 de 2025. La Corte Suprema explicó el efecto de la derogatoria y lo aplicó de forma retroactiva por favorabilidad:

«Lo anterior implica que, a partir de la novísima normatividad, en todos los casos de captura en situación de flagrancia en los que existiere allanamiento o aceptación de cargos y acuerdos o negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado, para los efectos de la rebaja de pena en virtud de la justicia premial, habrán de observarse los límites establecidos por el legislador penal de 2004 –Ley 906–, según la etapa procesal en que ello ocurra.»

CSJ SP2072-2025, 29 oct. 2025, rad. 62790, M.P. Gerardo Barbosa Castillo

En ese caso la Sala casó oficiosa y parcialmente la sentencia y aplicó la rebaja plena de la mitad a un procesado capturado en flagrancia que se había allanado en la imputación. Hizo lo mismo en CSJ SP2389-2025, 10 dic. 2025, rad. 62887, M.P. Diego Eugenio Corredor Beltrán, donde la rebaja pasó del 12,5 % al 50 % y la pena bajó de 56 a 32 meses de prisión.

Si usted o un familiar aceptaron cargos antes de julio de 2025 tras una captura en flagrancia, vale la pena revisar la dosificación de la pena. La favorabilidad opera también para personas ya condenadas.

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Prohibiciones legales: ¿en qué delitos no se puede preacordar?

Delitos con incremento patrimonial: el reintegro del 50 %

El artículo 349 del Código de Procedimiento Penal impide celebrar el acuerdo mientras no se reintegre al menos el cincuenta por ciento del incremento patrimonial obtenido y se asegure el recaudo del remanente. Aplica, entre otros, a delitos contra la administración pública, lavado de activos y cualquier conducta en que la ganancia ilícita sea demostrable.

Es un requisito de procedibilidad, no una recomendación. Y la falta de recursos no lo excusa:

«[N]inguna ley ni ningún principio autoriza a exonerar al acusado que obtiene un incremento patrimonial injustificado para obtener rebajas que dependen de la reparación efectiva del daño.»

CSJ SP287-2022, 9 feb. 2022, rad. 55914, M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa

En ese caso, una jueza acusada de apropiarse de títulos judiciales por más de 940 millones de pesos había reintegrado poco más del 6 % de lo defraudado. La Corte confirmó que ese pago daba lugar a la atenuación del artículo 401 del Código Penal, pero no satisfacía el requisito del artículo 349 para acceder a la rebaja por aceptación de cargos.

Terrorismo, extorsión y secuestro extorsivo: el cambio de 2025

El artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 excluía por completo las rebajas de pena por sentencia anticipada en los delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos. El artículo 12 de la Ley 2477 de 2025 modificó esa norma: eliminó del cuerpo del artículo la exclusión de rebajas y añadió un parágrafo que permite, en caso de preacuerdo o allanamiento por esos delitos, conceder hasta la mitad de la rebaja prevista en los artículos 351, 352, 356-5 y 367 del Código de Procedimiento Penal.

La Corte Suprema analizó el alcance de esa reforma y advirtió un efecto contraintuitivo: la norma nueva no siempre es más favorable. Bajo el régimen anterior, como no cabían rebajas, tampoco procedía el incremento punitivo genérico de la Ley 890 de 2004, lo que reducía los extremos punitivos del delito. Bajo el régimen nuevo sí aplica ese incremento, aunque se conceda una rebaja. La comparación debe hacerse caso por caso. CSJ SP2082-2025, 29 oct. 2025, rad. 62991, M.P. Myriam Ávila Roldán.

En el asunto concreto, un procesado que se había allanado por extorsión agravada resultó más beneficiado con la norma anterior: la Sala casó oficiosa y parcialmente el fallo y redujo la pena de 152 a 107 meses y 11 días de prisión, por indebida aplicación del incremento de la Ley 890 de 2004.

Otras prohibiciones legales vigentes

• Sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El artículo 157 de la Ley 1098 de 2006 prohíbe la celebración de preacuerdos entre la Fiscalía y la defensa.
• Delitos graves contra niños, niñas y adolescentes. El artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 excluye los beneficios y rebajas por preacuerdo en homicidio, lesiones dolosas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, y secuestro cometidos contra menores de edad.
• Feminicidio. El artículo 5.º de la Ley 1761 de 2015 excluye el preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias.

Los límites que la Corte Suprema ha fijado a los preacuerdos

Más allá de las prohibiciones expresas, la Sala de Casación Penal ha construido una línea consolidada sobre lo que el fiscal no puede pactar aunque ninguna norma lo prohíba textualmente. La regla central es esta:

«[L]as partes, en virtud de un acuerdo, no pueden: (i) incluir circunstancias de menor punibilidad u otros cambios de la calificación que no tengan base fáctica y probatoria; (ii) mucho menos, cuando ello entraña una rebaja de pena desproporcionada.»

CSJ SP3002-2020, 19 ago. 2020, rad. 54039

La providencia que sistematizó la materia distingue dos figuras que en la práctica se confunden. Una es el cambio de calificación jurídica sin base fáctica, en el que se pide al juez que condene por un delito que no corresponde a los hechos. Otra es la referencia a normas penales más favorables con el único fin de fijar el monto de la rebaja, en la que la condena sí recae sobre el delito imputado y solo la pena se calcula por remisión a otro tipo.

La segunda modalidad no plantea un problema de correspondencia entre hechos y calificación. Pero tampoco es un cheque en blanco. Sobre la primera, la Corte fue categórica:

«[E]sta forma de acuerdos (cambios de calificación jurídica sin base fáctica, orientados exclusivamente a disminuir la pena) no tiene aparejado un poder ilimitado para conceder beneficios, al punto que los mismos puedan consistir en la supresión de prácticamente la totalidad de la pena procedente frente a los hechos jurídicamente relevantes.»

CSJ SP2073-2020, 24 jun. 2020, rad. 52227, M.P. Patricia Salazar Cuéllar

A eso se suma el límite legal de la rebaja única. El artículo 351 del Código de Procedimiento Penal dispone que el cambio favorable en la pena por imponer constituye la única rebaja compensatoria por el acuerdo. No cabe combinar la degradación de la participación, la eliminación de una agravante y, además, un descuento porcentual sobre la pena resultante.

Casos reales: cómo ha resuelto la Corte Suprema los preacuerdos recientes

El descuento del 83 % que la Corte no pudo corregir — SP2099-2025

Este es el caso que mejor muestra hasta dónde llega el control de la Corte y dónde se detiene. Un procesado fue imputado por acto sexual violento. Cuando iba a realizarse la audiencia preparatoria, pactó con la Fiscalía aceptar su responsabilidad por ese delito a cambio de que se le impusiera la pena mínima de la injuria por vías de hecho: 16 meses de prisión. El juzgado aprobó el acuerdo y el Tribunal confirmó la condena.

La Sala hizo el cálculo. Dado el momento procesal, la pena debía fluctuar entre la mitad y la tercera parte del mínimo de 8 años previsto para el acto sexual violento, es decir, entre 48 y 64 meses. Lo pactado equivalía a un descuento del 83,34 % sobre la pena mínima que correspondía al delito realmente cometido: un beneficio superior al que habría obtenido allanándose en la imputación.

«[L]a Corte hace un severo llamado de atención a la Fiscal que tuvo a su cargo la celebración del preacuerdo, al Ministerio Público que intervino en su desarrollo, y al juez de primer grado que lo avaló, por la desatención parcial de las aludidas consideraciones, como quiera que la pena impuesta al procesado, se aparta de las respectivas directrices, constituye una afrenta al derecho a la justicia de la víctima, y evidencia inexcusable desconocimiento del enfoque de género con el que deben ser abordados los casos de violencia contra la mujer.»

CSJ SP2099-2025, 29 oct. 2025, rad. 60274, M.P. Fernando León Bolaños Palacios

Pese a ese reproche, la Sala resolvió NO CASAR el fallo. La razón es puramente procesal y decisiva: el único recurrente era el procesado, de modo que anular el preacuerdo habría desmejorado su situación y vulnerado la prohibición de reforma en peor. La Corte lo explicó señalando que en los casos en que sí ha invalidado preacuerdos, la controversia llegó por inconformidad de la víctima o del Ministerio Público, y allí la non reformatio in peius no era oponible.

La lectura correcta de esta providencia es la contraria a lo que sugiere su parte resolutiva: no avala esa forma de negociar. Confirma que un descuento desproporcionado sobrevive únicamente cuando nadie distinto del procesado impugna.

El preacuerdo anulado — SP2177-2025

Aquí ocurrió lo que no ocurrió en el caso anterior. Un procesado que había disparado contra varias personas, dos de las cuales murieron, celebró un preacuerdo en el que fue declarado responsable de homicidio agravado en estado de ira o intenso dolor. Ni la imputación ni la acusación contenían un solo hecho que sugiriera esa circunstancia; la acusación afirmaba expresamente que los disparos se hicieron «de manera injusta, arbitraria e ilegal».

La Procuradora recurrió en casación. Al no ser el procesado el único impugnante, la Sala pudo intervenir sin límites: casó la sentencia y decretó la nulidad de lo actuado a partir del auto que ordenó aprobar el preacuerdo, disponiendo que se fijara fecha para el juicio oral. La Corte razonó que el convenio «no podía recaer en aspectos fácticos diversos a los contemplados en la imputación y la acusación». CSJ SP2177-2025, 19 nov. 2025, rad. 69944, M.P. Gerardo Barbosa Castillo.

Degradación de autoría a complicidad y legalidad de la pena — SP2152-2025

Una procesada sorprendida con cocaína y municiones suscribió, después de la audiencia preparatoria, un preacuerdo cuyo único beneficio fue la degradación de su participación de autora a cómplice. El preacuerdo era válido: la degradación tenía soporte. El problema estuvo en la dosificación.

Los jueces de instancia confundieron dos operaciones distintas: la disminución sustancial propia de la complicidad, que opera sobre los extremos punitivos abstractos, y la rebaja procesal por aceptación de cargos, que recae sobre la pena ya individualizada. El resultado fue una pena superior a la legal. La Corte casó de oficio y parcialmente la sentencia y fijó la pena en 65,9 meses. CSJ SP2152-2025, 12 nov. 2025, rad. 63923, M.P. Myriam Ávila Roldán.

La misma providencia recordó una regla útil: el artículo 61 del Código Penal excluye el sistema de cuartos cuando hay preacuerdo, pero esa exclusión solo opera si las partes pactaron el monto concreto de la pena. Si no lo hicieron, el juez debe acudir al sistema de cuartos para individualizar la sanción.

El exjuez y el preacuerdo por prevaricato — SP2183-2025

Un exjuez civil del circuito fue imputado por prevaricato por acción, concusión y prevaricato por omisión. Frente al cargo de concusión celebró un preacuerdo que adecuó la conducta a cohecho propio, aprobado en 2020, con sentencia condenatoria en febrero de ese año. Posteriormente fue condenado por prevaricato por acción con ocasión de un segundo preacuerdo.

La apelación que llegó a la Corte recaía sobre esta última condena. La defensa alegó vicio del consentimiento. La Sala negó la nulidad y confirmó la sentencia: el procesado tuvo pleno entendimiento de su situación y su formación profesional descartaba cualquier error. La providencia destaca que el tribunal de primera instancia cumplió su deber al verificar la claridad de los hechos, la corrección de la calificación jurídica y la suficiencia probatoria antes de dictar el fallo. CSJ SP2183-2025, 19 nov. 2025, rad. 70190, M.P. Jorge Hernán Díaz Soto.

Cuando el preacuerdo ilegal se convierte en delito — SP115-2026

Una fiscal especializada fue condenada por prevaricato por acción agravado. Entre las decisiones que se le reprocharon estaba haber planteado, en la audiencia preparatoria, un preacuerdo que concedía a los procesados una reducción del 50 % de la pena, cuando el artículo 352 del Código de Procedimiento Penal solo autorizaba una tercera parte en esa fase. El juez de conocimiento no avaló la admisión preacordada de culpabilidad precisamente por ese exceso.

La Corte, al resolver las apelaciones, modificó la dosificación y fijó la pena en 48 meses de prisión, 66,66 salarios mínimos de multa e inhabilitación por 80 meses, y confirmó el fallo en todo lo demás. CSJ SP115-2026, 4 mar. 2026, rad. 68970, M.P. Myriam Ávila Roldán.

La lección es incómoda pero necesaria: un preacuerdo que desborda los límites legales no solo puede ser improbado por el juez. En circunstancias graves puede convertirse en el sustrato de una imputación por prevaricato contra el propio funcionario que lo suscribió.

Principios que gobiernan todo preacuerdo

Legalidad y congruencia

El fiscal no elige libremente el tipo penal: debe obrar conforme a los hechos jurídicamente relevantes y al material probatorio recaudado. La Corte Constitucional lo fijó al examinar el artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, señalando que la facultad de tipificar la conducta con miras a disminuir la pena «es una simple labor de adecuación y no de construcción del tipo penal» (Corte Constitucional, sentencia C-1260 de 2005).

Irretractabilidad y su excepción

Aprobado el acuerdo por el juez de conocimiento, no es posible la retractación de ninguno de los intervinientes. Así lo dispone el inciso final del artículo 293 del Código de Procedimiento Penal. Pero el parágrafo de ese mismo artículo consagra la excepción: la retractación de quienes aceptaron cargos será válida en cualquier momento, siempre que demuestren que se vició su consentimiento o que se violaron sus garantías fundamentales.

Es una vía estrecha. En CSJ SP2183-2025, rad. 70190, la Sala negó la nulidad porque la defensa no acreditó la discordancia entre la representación del procesado y la realidad; el simple desacuerdo posterior con las consecuencias del acuerdo no configura vicio del consentimiento.

Voluntad libre, consciente e informada

El artículo 354 del Código de Procedimiento Penal es terminante: son inexistentes los acuerdos realizados sin la asistencia del defensor. Y si el defensor y el procesado discrepan sobre la conveniencia del acuerdo, prevalece la decisión del procesado, de lo cual debe quedar constancia.

El control judicial del preacuerdo: qué verifica el juez

El juez de conocimiento no es un notario del acuerdo entre Fiscalía y defensa. La Corte Suprema ha sido explícita en que la imposibilidad de ejercer control material sobre la imputación y la acusación en el trámite ordinario no inhabilita al juez para verificar los presupuestos legales de una condena anticipada, «pues ello afectaría la esencia misma de la función jurisdiccional» (CSJ SP2073-2020, rad. 52227).

En concreto, antes de impartir aprobación el juez constata:

• Que se respeten los límites legales de los beneficios punitivos según la etapa procesal.
• Que se acaten las prohibiciones legales aplicables al delito de que se trate.
• Que lo pactado corresponda a los hechos jurídicamente relevantes de la imputación y la acusación.
• Que exista el mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación y la tipicidad de la conducta, conforme al estándar del artículo 327 del Código de Procedimiento Penal.
• Que se respeten los derechos de las víctimas.
• Que el consentimiento del procesado sea libre, consciente, voluntario e informado.

Si el juez aprueba el preacuerdo, emite sentencia condenatoria; no puede dictar fallo absolutorio. Si lo rechaza, el trámite continúa por la vía ordinaria y las partes pueden renegociar y presentar un nuevo acuerdo.

¿Qué debe hacer si le ofrecen un preacuerdo?

Recibir una propuesta de la Fiscalía no obliga a aceptarla, y el plazo que le señalen rara vez es tan corto como se lo presentan. Antes de firmar cualquier cosa, contáctenos aquí para una evaluación técnica de lo que está en juego.

1. No firme sin defensor de confianza. Un acuerdo celebrado sin la asistencia del abogado es inexistente por mandato del artículo 354. Y si su defensor tiene una opinión distinta a la suya, prevalece la de usted, pero debe quedar constancia escrita.
2. Exija ver el material probatorio antes de decidir. La única forma de saber si la oferta es buena es comparar la pena pactada con la que resultaría de un juicio. Eso exige revisar los elementos materiales probatorios y evaluar la solidez de la teoría del caso de la Fiscalía.
3. Verifique que no exista una prohibición aplicable. Delitos contra menores, feminicidio, sistema de responsabilidad penal para adolescentes y el requisito de reintegro del artículo 349 pueden hacer inviable el acuerdo o limitar severamente el beneficio.
4. Calcule la rebaja con la norma correcta. Hasta la mitad en la imputación (art. 351), una tercera parte tras la acusación (art. 352) y una sexta parte al instalarse el juicio oral (art. 367). Y recuerde que el cambio favorable en la pena constituye la única rebaja compensatoria.
5. Revise el efecto de la Ley 2477 de 2025. La derogatoria de la restricción por flagrancia y la modificación del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 pueden mejorar —o empeorar— su situación. La comparación de favorabilidad debe hacerse con la pena final en la mano.
6. Exija términos absolutamente claros. El acuerdo debe especificar el delito por el que será condenado, el porcentaje exacto de rebaja, las penas accesorias y qué ocurre con los subrogados. Un acuerdo ambiguo genera debates que se resuelven en su contra en la audiencia de individualización de la pena. Programe una consulta con Estudio Penal Abogados.

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Preguntas frecuentes sobre los preacuerdos con la Fiscalía en Colombia